5 de junio de 2009

Comunicado de la Comisión Nacional de Pastoral

 

“Los reyes de las naciones las gobiernan como dueños y los mismos que las oprimen se hacen llamar bienhechores”
(Lucas 22, 25)
Reunidos en Siguatepeque, el primero y dos de junio para la sesión ordinaria, los miembros de
la Comisión Nacional de Pastoral, hemos analizado la situación de nuestro país, que vemos con profunda preocupación. Como fruto de este análisis queremos compartir nuestras reflexiones:
I. Una realidad preocupante.
Estamos viviendo una catástrofe de mayor intensidad que el sismo que removió muchas estructuras físicas en el territorio y, casi como un símbolo, afectó al puente de la democracia que lleva a la ciudad de El Progreso y al palacio de justicia en San Pedro Sula.
Vemos como se hunde cada día más el sistema democrático con la pérdida de credibilidad y confianza de la población en sus instituciones:
la Constitución de la República, los partidos políticos, los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, el tribunal superior de cuentas, etc.
Pareciera que se ha olvidado al pueblo y el bien común, razón para la cual existen el Estado, los partidos políticos y todas las demás instituciones. Se busca solamente el beneficio personal o de grupos, mientras las grandes mayorías siguen viviendo con problemas agudos, fruto de un sistema injusto y sin equidad.
Lo más triste de esta realidad es la pasividad, indolencia e indiferencia con que la mayoría de la población mira esta situación, dejando de ser protagonista de su historia.
II. Reflexión pastoral
“Pero sus hijos no siguieron su camino: fueron atraídos por el lucro, aceptaron regalos y torcieron el derecho” (I Samuel 8,3).
Creemos que el bien común está por encima de cualquier bien particular, y que “el Estado existe para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social” (Constitución de
la República de Honduras., Art.1). “El bien común, al que la autoridad sirve en el Estado, se realiza plenamente sólo cuando todos los ciudadanos están seguros de sus derechos” (Redemptor Hominis 17g).
Reafirmamos que lo más sagrado de la persona humana es la vida y que la conciencia de una persona es inviolable e inalienable, por consiguiente no puede ser comprada ni mancillada por nadie.
“El sentido esencial del Estado como comunidad política, consiste en el hecho de que la sociedad y quien la compone, el pueblo, es soberano de su propia suerte. Este sentido no llega a realizarse, si en vez del ejercicio del poder mediante la participación moral de la sociedad o del pueblo, asistimos a la imposición del poder por parte de un determinado grupo a todos los demás miembros de esta sociedad” (Redemptor Hominis. #
17f).
Nuestra fe nos enseña que la justicia no puede eludir la defensa del pobre, del débil y del oprimido y que quienes tuercen el derecho y violan o manipulan las leyes atentan contra la vida y la dignidad de la persona humana creada por Dios.
Recordando el magisterio de
la Iglesia consideramos que: “El Estado debe garantizar cohesión, unidad y organización a la sociedad civil” (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 168). Con la tan llevada y traída “cuarta urna”, se pone en evidencia una prolongada crisis política. El Estado se está debilitando: las leyes no siempre se respetan, las instituciones no funcionan bien y los responsables no siempre cumplen con sus obligaciones. En pocas palabras parece que se está eliminando al Estado y debilitando la Democracia.
II
I. Propuestas de acción.
Dada la situación actual del país, consideramos que el diálogo entre todos los sectores es el único camino que nos puede garantizar un verdadero Estado de Derecho.
El insulto y la imposición de criterios y cualquier ideología, utilizando la intimidación o el dinero, es un abuso de poder, por eso estamos llamando urgentemente al diálogo.
Una sociedad libre y soberana sólo se puede construir con la participación de todos, en donde nos sintamos co-responsables del país. La verdadera soberanía del pueblo se dará cuando se le devuelva el poder de pensar, decidir y elegir su futuro, escoger el bien común y velar por los más necesitados, sin ser engañado por otros intereses. Un verdadero cauce de participación no se puede hacer en contra de las mismas leyes.
Las promesas sobre el respeto a la fecha de las elecciones y la transición al nuevo Gobierno es la voluntad del pueblo y deben ser respetadas de acuerdo con las leyes.
Recordando las palabras de Nuestro Señor Jesucristo: “la verdad os hará libres”,(Juan 8, 32), pedimos transparencia y coherencia en todas las acciones del gobierno, de los medios de comunicación y de todos los que generan opinión pública, para que se diga la verdad sobre las reales u ocultas intenciones por las que se desea convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.
Sin negar que existan elementos de
la Carta Magna que podrían ser mejorados para responder a los intereses de todos, falta un análisis profundo y sereno para conocer los elementos que necesitan cambios, y especificar qué artículos de la Constitución no están conduciendo a la justicia, la libertad y la calidad de vida.
Consideramos que los caminos que se están siguiendo con improvisación y a toda prisa, pueden conducir a la anarquía, la violencia y al deterioro de la paz.
Detrás de todo este problema descubrimos la urgente necesidad de desarrollar la capacidad, conciencia y responsabilidad ética de los dirigentes políticos y todo funcionario público. La transparencia en la rendición de cuentas es su obligación y un derecho del pueblo para controlar y auditar a quienes ha elegido.
Una propuesta para solucionar la crisis actual podría ser que el Congreso de
la República apruebe una Ley Orgánica para las figuras del Plebiscito y el Referendum ya existentes en nuestra Constitución.
Que la sabiduría divina nos ilumine para buscar los mejores caminos de la paz y que Nuestra Señora de Suyapa, madre de todos los hondureños proteja siempre a nuestro pueblo.
Siguatepeque, 4 de Junio de 2009
Por
la Comisión Nacional de Pastoral


Mons. Ángel Garachana Pérez 
Obispo de San Pedro Sula
Presidente

P. German Cálix
Secretario

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